El pésimo mensaje detrás del “plan de retiro voluntario” que promueve el ministro de educación

Edilberto C. Castro. Secretario General del SUNET Subdirectiva Bogotá.

Los “planes de retiro voluntario” son entendidos como un conjunto de iniciativas por parte del empleador de ofrecer beneficios adicionales a los que señala la ley (o los acuerdos convencionales) por la terminación unilateral de vínculos laborales. Aunque en la normatividad colombiana no existe prohibición alguna a los empleadores para promover los planes de retiro y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia han fijado criterios para evitar abusos en la “conciliación”, el mensaje político detrás de la iniciativa es bastante nocivo para el futuro del poco empleo formal e indefinido que tiene el país.

La herramienta, aunque legal, resulta problemática por varios aspectos. En primer lugar, por ser una iniciativa que pretende terminar un número considerable de vínculos laborales, es usada en casos de cierre, liquidación o reestructuración de entidades o empresas y en muchos casos, pretende evadir la autorización del Ministerio del Trabajo que antecede a los despidos colectivos que estipula el Código Sustantivo de Trabajo.

En segundo lugar, los planes de retiro voluntario son cuestionables por el contexto laboral colombiano. Nuestro país tiene una tasa de desempleo del 9,1%, una informalidad cercana al 60% y el número de colombianos que cotizan los 12 meses del año a salud y pensión en proporción cercana al 20% y ha decrecido año a año. Los planes de retiro voluntario, en un mercado laboral donde campea la precarización y la informalidad laboral, favorecen la decisión de disminuir las plantas directas, permanentes y estables para reemplazarlas con vinculaciones efímeras.

En tercera medida, son discutibles por la evidente y permanente relación desigual entre el empleador y los trabajadores. A pesar de ser una figura que -en teoría- requiere la previa aceptación por parte del empleado o incluso permitiría una contrapropuesta del mismo, la realidad ha puesto en evidencia en reiteradas ocasiones que la fórmula tiende muy sutilmente a coaccionar o viciar el consentimiento del trabajador.

Son varios los ejemplos en Colombia que constatan lo anteriormente descritos. En el plan para la privatización de Telecom que inició en 1989, se incluía la apertura del sector, desregularización de la normatividad de servicios públicos, la venta del patrimonio público de Telecom y por supuesto, la reducción de costos laborales para hacer la empresa atractiva para el capital extranjero. La planta de personal pasó de 13.012 cargos en 1994 a 6.800 en 1995 y ese recorte pasó por dos planes de retiro voluntario: uno en abril de 1995 aceptado por 3.300 funcionarios y otro en 2003 ofrecido solamente a personal antiguo con derecho al régimen especial de pensión en el que salieron cerca de 2.400 empleados. Una táctica que redujo la planta en un 40%, liquidó al Sittelecom, acabó con una importante Convención Colectiva de Trabajo y contribuyó a la definitiva privatización de una de las empresas públicas más grandes del país. De igual manera se actuó en la privatización de las electrificadoras, las licoreras y en Ecopetrol.

Algo similar vivieron los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá durante la segunda administración de Enrique Peñalosa. En junio de 2018, en plena cruzada de Peñalosa y Castellanos por feriar a la baja patrimonio público mientras se marchitaba la empresa, procedió con un agresivo plan de retiro voluntario que fue “acompañado” por cartas de despido sin justa causa y Policía Antimotines cercando las centrales de trabajo por si los trabajadores no elegían el retiro.

En ETB continúa siendo un debate importante el de la ampliación de la planta de personal y el incumplimiento de la Administración de Claudia López por formalizar funciones misionales y permanentes que se encuentran tercerizadas. Mientras la planta lleva años sin ingresos considerables de personal operativo, entre 2015 y 2021 se han reducido algo más de 548 puestos de trabajo, pero la Presidencia de la empresa si dispone de recursos para un plan de retiro que convierte la estabilidad en una mera transacción económica y que, con mucha demagogia, disminuye el número de trabajadores activos. 

El más reciente episodio es el expresado por el ministro de Educación Alejandro Gaviria y su viceministro Hernando Bayona, que han propuesto incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 un artículo para contar con un “mecanismo de compensación económica para una jubilación digna”, dirigido a más de 52.000 docentes del Estatuto 2277 para que se retiren del ejercicio de la docencia. El fondo de la propuesta viene con la idea de ”sanear” las finanzas del Sistema General de Participaciones para educación, disminuir la planta de personal del magisterio, sustituir esos cargos con “jóvenes voluntarios”, desaparecer el Estatuto Docente con mayores garantías laborales conquistadas y quebrarle la columna vertebral a FECODE.

La dirigencia sindical debe explicar las pésimas consecuencias de una figura que -aunque legal-, violenta la estabilidad laboral, es usada como el culmen de una paciente conducta por adelgazar las plantas directas de personal y una táctica por extinguir o llevar a su mínima expresión a las organizaciones sindicales. Es deber de los trabajadores organizados, de los sindicatos estatales y de nuestras centrales obreras, defender la fortaleza del principal y más grande sindicato de nuestro país.

Nota: La figura es tan engañosa que, en algunos casos, ha sido asumida por dirigentes sindicales como un mecanismo para darle fin a su carrera sindical e iniciar nuevos caminos con una compensación mayor a la de su liquidación. Todo esto, sin tomar conciencia de la lamentable cultura que se promueve en contra de la estabilidad laboral y del sindicato como una organización para el interés colectivo y no el favorecimiento individual.