El PND de Duque: Un pacto por la informalidad y contra la pensión digna
José Daniel Saade Figueroa. Coordinador del CEDESIP. Politólogo, Especialista en Derecho Constitucional y estudiante de Maestría en Política Social.
El Gobierno de Iván Duque, fiel a todos sus predecesores decidió recargar el modelo económico sobre la producción, el ahorro y el trabajo nacional, bajo la fórmula de mayores gabelas a las grandes multinacionales y el capital financiero. Lo que se traduce en bajos salarios, reducción de costos laborales y altos impuestos para la mayoría de la población.
Bajo el argumento de “crear más puestos de trabajo”, los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque se han propuesto reducir los costos laborales con la flexibilización de los contratos, política que empezó con la Ley 50 de 1990, luego con la Ley 789 de 2002 y se ha enmarcado en la política de confianza inversionista para otorgarle garantías a los grandes inversionistas extranjeros. El resultado de toda esta historia de reducción de costos laborales, bajos salarios y altos impuestos a las mayorías ha sido una tasa general de desempleo pasó del 9,4% en 2017 a 9,7% en el 2018, la tasa de ocupación disminuyó del 58,4% al 57,8%. A lo anterior, se suma que 6 de cada 10 colombianos se encuentran en la informalidad o el rebusque.
Hoy los círculos neoliberales piensan que lo que mantiene rígido el mercado del trabajo colombiano es el sistema pensional. La protección social en Colombia ya fue transformada acorde al recetario neoclásico en 1993 con la Ley 100 y el resultado a hoy es un sistema pensional que no pensiona. Solo el 24 % de la población de más de 65 años tiene pensión. Más de 24 millones de personas en edad de trabajar están por fuera de la posibilidad de construir una pensión y los ocho millones de trabajadores que cotizan tampoco tienen asegurados los ingresos para la vejez, dada la inestabilidad laboral y la informalidad.
A este respecto, el gobierno Duque no es ajeno y desde campaña avizoró una reforma pensional. La tarea, que fue recomendada el FMI y fue parte importante en la ruta de ingreso de Colombia a la OCDE, parecía aplazada, sin embargo, en la más reciente versión del Proyecto de Ley 311C/2019 -227S/2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto Por Colombia, Pacto Por la equidad” se encuentran elementos de la solicitada reforma pensional.
La idea de Duque es profundizar la flexibilización laboral mediante una reforma pensional hecha a la medida de los fondos privados de pensiones, agrupaciones en donde el hombre más rico del país concentra el 40% de los afiliados. Organizaciones vinculadas al capital financiero y que no pensionan, pero ganan bastante. Según la OCDE en 2010 esos fondos representaron el 16% del tamaño de la economía y contaron con tasas de retorno real del 10%.
Bajo la premisa de “formalizar la informalidad” el PND introduce el “Piso de Protección Social” donde los trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo podrían acceder a salud, pero desmontando las garantías del Sistema General de Seguridad Social. Como sustituto para la pensión y focalizando en los más pobres de los pobres se refuerzan los “Beneficios Económico-Periódicos – BEPS” como un microseguro para la vejez que no se equipara de ninguna manera a la pensión.
El 5 de abril de 2019 ante el congreso de ASOFONDOS, Alberto Carrasquilla anuncio que no haría una reforma pensional sino “una reforma de protección a la vejez”, similar a la reciente reforma tributaria, que fue una “ley de financiamiento”. Siendo el PND la hoja de ruta del gobierno puede inferirse como se va proteger la vejez, o más bien si se va proteger a un viejo, al viejo Sarmiento Angulo. Es síntesis el PND de Duque llamado PACTO POR COLOMBIA es realmente es un pacto por la continuidad de un país en donde le va bien al capital financiero y mal al resto. Un plan de subdesarrollo y en lo que respecta al mundo del trabajo, es un pacto más por la flexibilización laboral.
Imagen tomada de: Matador
