Declaración del Encuentro Regional Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas de Bogotá y Cundinamarca
Bogotá D.C., junio 25 de 2015.
El conjunto de organizaciones presentes en el Encuentro Regional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas de Bogotá y Cundinamarca, luego de analizar el panorama político, social, económico y laboral del país y de la Capital de la República, aprueba la siguiente Declaración:
La política de ruina para las mayorías aupada por Juan Manuel Santos:
El gobierno nacional en cabeza de su Presidente, Juan Manuel Santos, empeñado en el modelo económico neoliberal que impulsa, en beneficio de los grandes grupos multinacionales y en detrimento de las grandes mayorías de Colombia; avanza regresivamente llevando al pueblo colombiano a un panorama de pobreza, miseria y subdesarrollo, cada día más difíciles.
Desde el Gobierno Nacional, Santos se empeña en continuar con la aprobación de la segunda tanda de TLCs, más regresivos y entreguistas de la soberanía económica y alimentaria, y de la autodeterminación de nuestro país, tan necesaria para lograr condiciones de desarrollo integral y equitativo. El TISA y el TLC con Israel entre otros dan cuenta de ello.
Este gobierno avanza en implementar la mega minería en las zonas del país que representan una invaluable riqueza medioambiental en pleno crecimiento de los efectos negativos del cambio climático. Es el mismo que practica el fracking para extraer hidrocarburos, aunque signifique dejar zonas desérticas y envenenar el agua, eje fundamental de la vida humana.
Con su política fiscalista, avanza en el desarrollo de una nueva reforma tributaria para cobrar más, que incluirá impuesto a los salarios en proporciones no previstas, que impulsará el cobro de un IVA más generalizado incluso a la canasta básica familiar aún exenta, y en el que la política es, que en vez de incremento del salario mínimo el mismo desaparezca para mantener e incrementar la tasa de ganancia del empresariado a la par que se sigue aplicando esa perversa frase del propio Santos “sudor y lágrimas” para los trabajadores, aquellos a quienes también se les pretende imponer una nueva reforma pensional regresiva en todos sus aspectos.
Las políticas sociales del gobierno, claramente no están planteadas para mejorar la calidad de vida del pueblo colombiano, sino que progresivamente vienen destruyendo los derechos y los instrumentos y bienes públicos que los garantizan. En ese camino se encuentran privatizaciones como la efectuada con Isagen, y en desarrollo las de Propilco y la Previsora, entre otras. A su vez, se facilitan las condiciones para la entrega de colegios públicos en concesión a operadores privados; el deterioro de la universidad pública con el impulso de programas excluyentes que financian la educación privada, la venta de áreas completas de la red pública y hospitales a agentes privados, y el fortalecimiento de las EPS como las instituciones privadas a cargo de la salud, cuyo fin es realmente el lucro desmedido de sus dueños y ni hablar del abandono a su suerte de pueblos ancestrales como los Wayúu y sus niños por entidades clientelares de la red del flamante jefe de todos los carteles de contratación en Colombia, el señor vicepresidente Germán Vargas Lleras.
La realidad del país ha demostrado que las organizaciones que luchan por sus derechos aciertan en que se necesita la movilización para mantener los derechos actuales y para conquistar nuevos. Son visibles los incumplimientos del Gobierno Santos en los acuerdos con el sector agrario que hasta la semana anterior mantenían en paro a la Cumbre Agraria, y son protuberantes los incumplimientos del mismo, sobre el restablecimiento de los derechos arrebatados a los trabajadores en la era Uribe (horas extras, recargo nocturno, pago en dominicales y festivos, recorte en el valor de la indemnización, etc.); la falsa promesa sobre el descuento del 8% de aporte para salud de los pensionados y los acuerdos con los camioneros entre muchos otros. Todo lo anterior, sumado a la represión violenta de la protesta social, con el empleo del ESMAD, estructura que ha asesinado y agredido brutalmente a muchos ciudadanos en diferentes protestas, y el nuevo código de policía que aumenta de manera desmedida las facultades de la Policía Nacional, violando los mínimos derechos del pueblo.
Lo que sucede en la Capital de la República, no es muy diferente.
El Gobierno Distrital en cabeza de Enrique Peñalosa, impulsor de Transmilenio, de cuyo recaudo aporta el 5% a las finanzas distritales, pero cuyo mantenimiento, como el de las estaciones, corre por cuenta del erario de los habitantes de la ciudad, ha iniciado con toda la fuerza el desmonte de los pocos derechos alcanzados en la ciudad.
En Bogotá acaba de ser aprobado un plan de desarrollo que regresa la ciudad y sus avances sociales acumulados en el tiempo a la época del primer mandato del Alcalde Peñalosa. Con su hábil maestría en alcaldadas ha logrado que sus mayorías complacientes y clientelares del Concejo Distrital le aprueben, un plan de despojo del patrimonio público y de negocios contrarios a los derechos sociales de los pobladores. Tal vez su eslogan debería ser Bogotá Mejor para Pocos. No en vano adjudican a Peñalosa la frase: “Bogotá no es para los que quieran vivir en ella sino para los que puedan”.
La ciudad para Peñalosa, no es un espacio del ser humano que la habita, sino un conjunto de elementos físicos que deben verse bellos para los habitantes con recursos, únicos que pueden tener plenos derechos. Sólo así se puede explicar que el pico y placa, medida para facilitar el tránsito y movilidad de todos, ahora pueda ser burlado con un soborno legalizado cuyo destinatario es el propio distrito.
En el plan de desarrollo de Bogotá, existe un faltante en la financiación, pese a la aprobación que este encuentro condena de la venta, cual más bien robo, de la ETB y de TGI, , y que será cubierta con reformas al avalúo del impuesto predial, reimplantación del impuesto por valorización de beneficio local, desmonte de subsidios, y en general mediante todo tipo de medidas impositivas que se descargarán en los habitantes de Bogotá, agravando la situación ya compleja creada por Santos en lo nacional.
En Bogotá, el medio ambiente es parte del plan de negocios. Una reserva ambiental, la Thomas Van der Hammen, planeada científicamente y avalada técnicamente para ser reserva ambiental, será cambiada por capricho de un doctor sin doctorado que dice desde el poder del Palacio de Liévano, que es un potrero que debe ser edificado. Un cinturón cortafuegos para los cerros orientales, que será realmente un paseo turístico y que no sirve para evitar incendios, como lo muestran resultados de este tipo de intervención en otros países, y que atraerá gente interesada en construir luego de devastar estos elementos del paisaje natural, y finalmente el relleno de humedales y la construcción de un malecón en el borde del río Bogotá, del cual lo esperado es el respeto de su ronda y su descontaminación.
El agua, eje de desarrollo del plan de desarrollo anterior, deja de ser importante, al punto que su protección mediante el reciclaje no se realizará con un operador público empoderado, porque para Peñalosa administrar empresas con sindicatos no es conveniente. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entra en la lista de las empresas amenazadas para su privatización, procedimiento empleado y respaldado desde lo nacional por el propio presidente Santos.
La salud y la educación, son en Bogotá laboratorio de privatización y mercantilización. Los hospitales de la ciudad se han reducido a 4 redes de servicios, varios de los cuales son ya negocios de los amigos del cartel de la contratación en la ciudad. Los nuevos colegios públicos, van siendo entregados en concesión, a la par que con la privatización de la ETB, se deterioran los recursos de la Universidad Distrital y se empieza su marchitamiento.
Las relaciones laborales con el alcalde de la ciudad, funcionan de manera unilateral. No existe posibilidad de realizar acuerdos de trascendencia, y simplemente se puede conseguir avanzar en aspectos que ya son logros y que requieren redefinir algunos detalles; y contrario a ello, lo que ha habido es una masacre laboral sin precedente que inició con los más de 5000 contratistas del programa territorios saludables, y avanza con los trabajadores de plantas temporales que se vencieron en mayo y que vencen el próximo 30 de junio sin alternativa alguna para los amenazados del despido por parte de Peñalosa. Aquí mismo cabe y se destaca que el mismo día de la firma de la paz en La Habana, en la ETB el señor Castellanos procedía al despido arbitrario de varias madres cabeza de hogar, como queriendo dejar en claro lo sabido, que el proceso de paz es la dejación de armas, pero las transformaciones sociales para el progreso de la nación, corren por cuenta de las organizaciones que lo luchamos y anhelamos.
Se vislumbra una época oscura en la cual se volverá a edificar vivienda de interés prioritario en zonas de alto riesgo, en que lo importante no son las personas y sus necesidades humanas, sino las obras públicas de cementos que dejan utilidades a los financiadores de la campaña a la alcaldía, de nuevo Vargas Lleras y sus amigos. Así mismo se ha vuelto a la privatización del espacio público sin alternativa para quienes del trabajo en este, devengan el sustento de sus familias, y se ha entregado a las alcaldías locales la facultad de proceder mediante los denominados “hechos notorios”, que no es otra cosa que pegar primero y preguntar después, vulnerando el derecho a un debido proceso.
Luego del anuncio de la presente semana, consignado en los comunicados conjuntos mediante los cuales el Gobierno y las FARC, acordaron los términos generales para la terminación del conflicto armado, valoramos muy positivamente el mismo, pues consideramos que representa un enorme avance político y social para los sectores que luchamos en la civilidad y dentro de las reglas de la precaria democracia, y porque es sin duda una noticia que en sí misma sobrepasa a muchas otras del siglo pasado y del presente, y que puede poner a salvo del derramamiento de sangre a las nuevas generaciones.
Desde este espacio, llamamos al Gobierno Nacional y a los grupos insurgentes aún alzados en armas, ELN y EPL, a avanzar en procesos para la terminación total del conflicto armado.
En vista de las anteriores valoraciones y precisiones, el presente encuentro declara:
- Su irrestricto respaldo a la finalización completa del conflicto armado en Colombia.
- Su respaldo al proceso de refrendación de los Acuerdos de paz alcanzados hasta ahora.
- Si firme determinación de trabajar en la ciudad y el departamento en las tareas que se acordaron en el presente encuentro para el paro cívico nacional o la acción que determine el encuentro del 8 y 9 de julio.
- Su más contundente rechazo a las medidas impopulares que siguen promoviendo Santos y Peñalosa, y el trabajo por conseguir un mayor grado de bienestar general y equidad social.
- Su mayor interés y empeño en trabajar en las localidades, la realización de las acciones que se acuerden en el encuentro nacional del 8 y 9 de julio.
Suscriben la declaración:
Por el Comando Regional Unitario
Comando Regional Unitario
CUT BOGOTÁ CUNDINAMARCA
CARLOS ERNESTO CASTAÑEDA RAVELO
Presidente
MANUEL TELLEZ GONZÁLEZ
Director Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva
CGT BOGOTÁ CUNDINAMARCA
GUILLERMO CHARCAS
Delegado para la región
DARÍO COREAL
Delegado para la región
CTC BOGOTÁ CUNDINAMARCA
LUIS ARTURO ORTIZ RODRÍGUEZ
Presidente
LUZ MARY SANCHEZ
Secretaria General
COORDINADORA SINDICAL Y SOCIAL
Equipo de Trabajo
